#Salto | Un vecino presentó una denuncia judicial contra una mujer que, según afirma, reside en su vivienda desde hace aproximadamente un año bajo un acuerdo de alquiler verbal, y ahora se niega a desalojar el inmueble pese a la solicitud del propietario.
De acuerdo a fuentes consultadas por InfoSalto.com.ar, el conflicto surgió cuando el dueño manifestó la necesidad de recuperar la propiedad por razones familiares, pero la inquilina rechazó el pedido y continúa ocupando el lugar.
Según la legislación argentina vigente, un propietario puede solicitar el desalojo de un inquilino si necesita la vivienda para sí o para un familiar de primer grado, siempre que se respete un preaviso mínimo de dos meses y se haya cumplido al menos un año desde la firma del contrato. No obstante, en este caso, el acuerdo habría sido verbal, lo que podría entorpecer el proceso judicial.
Otro aspecto relevante es que en la vivienda residen tres menores de edad. Esta situación habilita la posible intervención del Ministerio Público, cuya función sería exclusivamente garantizar la protección y el bienestar de los niños, procurando que se tomen medidas para asegurarles un alojamiento digno en caso de concretarse un desalojo.
Desde ámbitos judiciales se aclara que los desalojos deben seguir un procedimiento formal y contar con la debida notificación por escrito a la parte inquilina. Además, se recomienda que el propietario consulte con un abogado especializado en derecho inmobiliario para comprender sus derechos y actuar dentro del marco legal.
El desenlace de este caso dependerá de varios factores, como la presentación de pruebas, la existencia o no de un acuerdo previo verificable y la voluntad de las partes de llegar a una resolución pacífica. En casos como este, la justicia tiene la obligación de equilibrar los derechos del propietario con la protección integral de la infancia.
La Redacción de Info Salto del Grupo de Medios Infopba.com continuará informando sobre este tema, que refleja una problemática frecuente en contextos de informalidad contractual y situaciones de vulnerabilidad social.
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